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  • En Neiva, el 74% de los capturados queda en libertad: Secretaría de Gobierno

    En Neiva, el 74% de los capturados queda en libertad: Secretaría de Gobierno


    La cifra fue expuesta por el comandante de la Policía Metropolitana en un consejo de seguridad, según el secretario José Ferney Ducuara. El funcionario también habló de los avances del Centro de Detención Transitoria y de la nueva sede policial que esperan poner en servicio antes de finalizar 2026.

    DIARIO DEL HUILA, NEIVA

    Por: Gustavo Patiño

    El 74% de las personas capturadas en Neiva queda en libertad. Así lo aseguró el secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara, al referirse a los resultados de los operativos contra la delincuencia y las dificultades que enfrenta la administración para evitar que los detenidos vuelvan a las calles.

    La cifra, según explicó el funcionario, fue presentada por el comandante de la Policía Metropolitana durante un reciente consejo de seguridad. “Se hace una investigación robusta y fuerte, pero luego, por todas las garantías que tiene nuestro sistema penal, terminan quedando en libertad”, manifestó Ducuara.

    La Alcaldía de Neiva ha solicitado a la Rama Judicial revisar con detenimiento los casos de mayor impacto para la ciudad.

    El secretario sostuvo que la Alcaldía trabaja de manera articulada con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para desarticular estructuras delincuenciales y capturar a personas vinculadas con delitos como el hurto de motocicletas, el hurto a personas y el homicidio.

    Sin embargo, el resultado de esos procedimientos no siempre se mantiene después de las audiencias judiciales. “Ellos vuelven a seguir delinquiendo porque dicen: ‘No nos pasó nada y sigamos como estamos’”, afirmó.

    La situación llevó a la administración municipal a plantear ante la Rama Judicial la necesidad de revisar con detenimiento los casos que generan mayor impacto en la ciudad. “Nosotros sí hemos solicitado a la Rama Judicial, en dos mesas técnicas, tanto con el Consejo Superior de la Judicatura como con el Tribunal Superior de Neiva, que aquellos casos sensibles que son significativos para la ciudad se aplique con rigor la norma”, señaló Ducuara.

    El funcionario mencionó los casos de alias May y alias Frijol, quienes, según su declaración, recuperaron la libertad durante las audiencias preliminares. “Con ese prontuario criminal y ambos recuperaron su libertad en las audiencias preliminares. Ahí no tenemos nosotros competencia, esa es la arquitectura del Estado”, expresó.

    Ducuara reconoció que las decisiones corresponden a los jueces, cuya autonomía e independencia deben respetarse. Aun así, indicó que la Alcaldía ha llevado estos casos ante los coordinadores judiciales para solicitar que se examinen sus circunstancias.

    Los delitos que la administración considera más sensibles son aquellos que afectan la vida, la integridad física o el patrimonio de los ciudadanos. “Hablamos del delito de homicidio, el hurto a personas, el hurto a celular, el hurto de la moto”, dijo el secretario.

    También incluyó la extorsión, por las afectaciones económicas que genera a ciudadanos y empresarios.

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    El secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara, aseguró que el 74% de las personas capturadas queda en libertad, según las cifras de la Policía Metropolitana. Imagen de apoyo.

    CDT de Neiva: de capacidad para 80 detenidos a más de 250

    El funcionamiento del Centro de Detención Transitoria (CDT) es otro de los asuntos que abordó el secretario de Gobierno en entrevista con Diario del Huila. La infraestructura actual reemplazó el espacio que operaba en una antigua bodega de Alpina, donde, según Ducuara, se registraron momentos de hacinamiento crítico. “Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos un centro de detención transitorio que era la bodega de Alpina, que tenía una capacidad física de 80 personas privadas de la libertad y tuvimos momentos con picos altos de más de 330 personas”, recordó.

    El funcionario describió las condiciones que encontraron en ese lugar: “Allí no hay condiciones sanitarias, allí no hay condiciones de asepsia, allí no hay condiciones de infraestructura logística o administrativa, no había salas de audiencias, no había baños adecuados, baterías sanitarias, duchas”.

    El CDT cuenta con seis celdas y una capacidad superior a las 250 personas privadas de la libertad.

    La Alcaldía adelantó las adecuaciones para poner en funcionamiento un nuevo centro, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Justicia y la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional. “Somos la única ciudad del departamento del Huila que tiene un centro de detención transitorio, la única de 37 municipios que tiene nuestro departamento, solo Neiva cuenta con un CDT”, afirmó Ducuara.

    Actualmente, el centro tiene seis celdas y una capacidad superior a las 250 personas privadas de la libertad. De acuerdo con el reporte entregado por el secretario, allí permanecen 242 detenidos. “Hoy tenemos apenas 242 PPL (Personas Privadas de la Libertad). Es decir, que ni siquiera está con el cupo total”, precisó.

    La infraestructura también dispone de una sala de audiencias con cinco computadores, espacios administrativos y áreas destinadas al bienestar de los detenidos. 

    Ducuara destacó las jornadas de salud, peluquería, prevención y acompañamiento espiritual que se desarrollan en el lugar. “También hay que decirlo, ahí no hemos tenido un solo homicidio. Ni un solo homicidio se ha presentado allí”, aseguró.

    El secretario explicó que la administración mantiene presencia permanente en el centro, con apoyo de la Policía y personal encargado de las áreas jurídica, administrativa, de bienestar y mantenimiento.

     La administración municipal destacó las adecuaciones realizadas en el Centro de Detención Transitoria, que reemplazó las antiguas bodegas de Alpina.

    El único centro transitorio del Huila

    La capacidad del CDT también está relacionada con las capturas que se realizan en otros municipios del departamento.

    Ducuara señaló que personas detenidas en Pitalito, Algeciras, La Plata o Campoalegre pueden ser trasladadas a Neiva, debido a que esas localidades no cuentan con instalaciones similares. “Los PPL en el departamento del Huila están en hacinamiento en las estaciones de Policía, lo cual está prohibido por la ley. Pero ahí están en las estaciones de Policía”, manifestó.

    El secretario recordó que un centro de detención transitoria está diseñado para que una persona permanezca allí máximo 36 horas. No obstante, en Neiva hay casos de detenidos que llevan más de dos años en esas instalaciones. “Es un defecto del sistema penal colombiano, especialmente el carcelario, cuando decide el Congreso darle esa responsabilidad a los municipios, pero sin transferirle los recursos”, sostuvo.

    La administración reconoce que todavía tiene pendientes acciones de mejoramiento. Entre ellas, Ducuara mencionó la habilitación de dos celdas adicionales para ampliar la capacidad del centro.

    La infraestructura de la UPJ ya fue recibida y dotada. La Alcaldía trabaja con la Policía Metropolitana para cumplir los requisitos que permitan ponerla en funcionamiento antes de finalizar 2026.

    Se espera poner en servicio la UPJ antes de finalizar 2026

    El secretario de Gobierno también entregó detalles sobre la infraestructura conocida como Unidad Permanente de Justicia (UPJ), un proyecto que, según afirmó, estuvo en riesgo de convertirse en un elefante blanco. “Gracias al Concejo de Neiva, debo decirlo, que nos aprobó un pasivo exigible y gracias a la buena voluntad de la administración municipal logramos sacar adelante ese proyecto que ya fue recibido. Que ha sido dotado”, explicó.

    Ducuara señaló que actualmente la Alcaldía trabaja con la Policía Metropolitana para cumplir los requisitos institucionales que permitan poner en funcionamiento el inmueble. “Ese inmueble va a ser, esperamos que con la bendición de Dios y el apoyo de la Policía Nacional, antes de que finalice el año va a ser puesto en servicio”, indicó Ducuara.

    La infraestructura tendrá varias funciones. Allí se proyecta el traslado de la estación Neiva de Policía, además de la reubicación del CAI del barrio Bogotá y la operación del centro transitorio. 

    La nueva sede estaría ubicada en la comuna 6, en un sector que comprende barrios como Bogotá, Santa Isabel, Galán y Pozo Azul. “En la comuna más grande de Neiva, comuna que reviste algunos problemas complejos en materia de seguridad”, afirmó el secretario. Ducuara explicó que el traslado de la estación Neiva responde al crecimiento de las capacidades operativas de la Policía Metropolitana.

    La nueva sede proyecta albergar la estación Neiva de Policía, el CAI del barrio Bogotá y el centro transitorio.

    Según el funcionario, la administración municipal ha apoyado la creación de un Gaula, con 25 policías especializados en la lucha contra el terrorismo y la extorsión, y un grupo de operaciones especiales, integrado por 20 unidades. También se conformó el grupo Aquiles, que participa en operativos nocturnos junto con el Ejército Nacional, además de un grupo de participación ciudadana que realiza labores de vigilancia en parques y escenarios deportivos.

    A estas acciones se suman 50 motocicletas y 12 patrullas entregadas a la Policía de Neiva, según el reporte del secretario. “Ese inmueble de la calle 21 es insuficiente, es muy pequeño para albergar la estación Neiva”, señaló.

    La Alcaldía ha adelantado tres mesas técnicas con la Policía para avanzar en la puesta en servicio de la infraestructura. Ducuara indicó que el inmueble continúa en mantenimiento y conservación, mientras se espera la aprobación del alto mando institucional. “Ya no es un elefante blanco, ya es una realidad para Neiva. Ahora esperamos es la aprobación del alto mando institucional de la Policía”, concluyó.



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  • Sicarios asesinaron a Lina María Canacué frente a un colegio en el sur de Neiva

    Sicarios asesinaron a Lina María Canacué frente a un colegio en el sur de Neiva


    Lina María Canacué Castañeda fue asesinada a tiros en plena vía pública del barrio Limonar, en el sur de Neiva. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta la habrían interceptado y disparado en repetidas ocasiones, frente a las instalaciones de una institución educativa.

    El ataque ocurrió la noche del jueves en la calle 19 sur con carrera 37 y generó angustia entre los habitantes del sector, quienes intentaron auxiliar a la mujer y facilitar su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, las heridas que sufrió resultaron mortales.

    Las primeras hipótesis apuntan a una posible disputa entre estructuras delincuenciales por la comercialización de sustancias estupefacientes, particularmente tusi. Esta versión hace parte de las líneas de investigación y deberá ser establecida por las autoridades.

    La atacaron frente a la Institución Educativa El Limonar

    De acuerdo con la información preliminar, Lina María caminaba por el sector cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes habrían accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones y escapado después de perpetrar el homicidio.

    La mujer recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la parte posterior izquierda de la cabeza. Los disparos alertaron a residentes y transeúntes, quienes encontraron a la víctima tendida sobre el pavimento y se acercaron para prestarle ayuda.

    El hecho ocurrió frente a la Institución Educativa El Limonar, en una zona de circulación de habitantes del sector.

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    Murió en la sede Canaima de la ESE Carmen Emilia Ospina

    Ante la gravedad de las lesiones, familiares y personas de la comunidad trasladaron a Lina María en un taxi hasta la ESE Carmen Emilia Ospina, sede Canaima.

    Allí ingresó al servicio de urgencias, donde el personal médico intentó reanimarla. Sin embargo, los impactos de bala comprometieron su estado de salud y finalmente se confirmó su fallecimiento.

    Investigan posible disputa por la venta de tusi

    Unidades de Policía Judicial adelantaron los actos urgentes y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el asesinato e identificar a los responsables.

    Entre las diligencias se encuentran la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar del ataque. Estos elementos podrían ayudar a establecer las características de la motocicleta utilizada y la ruta de escape de los agresores.

    Una de las hipótesis que manejan los investigadores relaciona el homicidio con una posible disputa entre bandas delincuenciales por el control de la comercialización de estupefacientes, particularmente tusi.

    No obstante, esta versión todavía debe ser verificada y contrastada dentro de la investigación judicial.

    El asesinato de Lina María Canacué vuelve a poner la atención sobre la violencia que afecta al sur de Neiva y las posibles disputas por el negocio de las drogas en algunos sectores de la capital huilense.

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  • Revisarán impuestos a Shein, Temu y Amazon

    Revisarán impuestos a Shein, Temu y Amazon


    El Gobierno revisará el esquema de impuestos que pagan plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon en Colombia, con el propósito de equilibrar las condiciones de competencia frente a los comerciantes nacionales. Así lo anunció el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien señaló que el tema será analizado en el marco de la Ley de Ajuste Fiscal.

    La revisión buscará establecer cómo funcionan las obligaciones tributarias de estos operadores digitales y si existen diferencias frente a las que deben cumplir los negocios colombianos.

    Sin embargo, todavía no hay medidas concretas anunciadas ni cambios tributarios definidos. El análisis pretende determinar qué ajustes podrían plantearse para las operaciones de estas plataformas en el país.

    ¿Qué cambiaría para Shein, Temu y Amazon?

    El anuncio abre la posibilidad de revisar las reglas tributarias aplicables a las compras realizadas mediante plataformas internacionales de comercio electrónico.

    Estas empresas permiten adquirir productos directamente desde el exterior y han ganado presencia en el mercado colombiano. Por eso, la discusión se centra en las condiciones bajo las cuales operan frente a los comercios establecidos en el país.

    El objetivo anunciado por el ministro es nivelar las condiciones de competencia entre los vendedores nacionales y las plataformas extranjeras. No obstante, aún se desconoce si la revisión derivará en nuevos impuestos, modificaciones a las obligaciones existentes o cambios en el tratamiento de determinadas operaciones.

    Por ahora, tampoco se ha precisado si los eventuales ajustes afectarían directamente el precio final que pagan los consumidores.

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    Colombia también avanza en la negociación arancelaria con Estados Unidos

    En su declaración, Gómez Amín también se refirió a las conversaciones entre Colombia y Estados Unidos para reducir o eliminar los aranceles que afectan el comercio entre ambos países.

    El ministro aseguró que las negociaciones avanzan a buen ritmo, aunque no detalló cuáles productos podrían beneficiarse ni cuándo se conocerían posibles acuerdos.

    El frente comercial se suma a la revisión tributaria de las plataformas digitales, dos asuntos que podrían incidir en las condiciones de acceso al mercado colombiano para empresas nacionales y extranjeras.

    Gómez Amín defendió el rumbo económico del Gobierno y afirmó: “El país no está condenado a seguir por el mismo camino. La Patria Milagro, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella representa un nuevo rumbo para recuperar la seguridad, reactivar la economía y devolverle a Colombia su capacidad de crecer”.

    Por ahora, la revisión de los impuestos a Shein, Temu y Amazon permanece en una fase de análisis. El alcance de los posibles cambios dependerá de las propuestas que se presenten y de las decisiones que se adopten dentro del proceso de ajuste fiscal.

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  • Milei confirmó la salida de Flavio Bolsonaro por Argentina

    Milei confirmó la salida de Flavio Bolsonaro por Argentina


    El Gobierno de Javier Milei confirmó que el senador brasileño cruzó a Argentina con su familia y abordó un vuelo privado hacia Ecuador. Según CNN, Donald Trump autorizó su entrada a Estados Unidos, mientras avanza una investigación judicial en Brasil.

    DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

    El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de Brasil después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El Gobierno de Argentina confirmó que el político ingresó a su territorio el martes 27 de octubre junto con su esposa y sus dos hijas, antes de abordar un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

    La salida se produjo un día después de que el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. La decisión se tomó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

    Según un comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Bolsonaro, su esposa y sus hijas ingresaron al país con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales para entrar. El registro oficial señala que cruzaron la frontera a las 10:50 p. m. del martes y que, 40 minutos después, abordaron un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S. A.

    La confirmación argentina cambió la versión que el Gobierno de Javier Milei había sostenido horas antes, cuando afirmó que no tenía constancia del ingreso del senador al país. La información oficial también precisó que el destino consignado en el plan de vuelo era Guayaquil, aunque reportes posteriores indicaron que la aeronave continuó su recorrido hacia Miami.

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    Trump autorizó su entrada a Estados Unidos

    Mientras se conocía la ruta seguida por el senador, CNN informó que un asesor de Donald Trump aseguró que el presidente estadounidense había aprobado la entrada de Bolsonaro y su familia a Estados Unidos.

    Dos funcionarios estadounidenses citados previamente por la cadena señalaron que se estaban emitiendo visas para el senador y sus familiares. Sin embargo, el lugar exacto de llegada no estaba confirmado en ese momento.

    Consultado por periodistas sobre la posibilidad de recibir a Bolsonaro, Trump respondió: “Bueno, yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”.

    No estaba claro si ambos políticos habían hablado directamente antes de la salida de Brasil. Trump ha respaldado públicamente a la familia Bolsonaro y cuestionó sin pruebas el resultado electoral que dio la victoria a Lula.

    La derrota de Flávio Bolsonaro se produjo en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre. De acuerdo con los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79 % de los votos válidos, mientras Bolsonaro recibió 59.826.041, el 48,21 %. La diferencia superó los 4,4 millones de votos.

    La orden judicial y las investigaciones en Brasil

    La salida del senador se produjo en medio de una investigación judicial. Según CNN Brasil, De Moraes ordenó cancelar los pasaportes brasileños de Bolsonaro, incluido el diplomático, y exigió la entrega de eventuales documentos de viaje de otras nacionalidades. También le prohibió mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, investigado en el mismo expediente.

    Bolsonaro no entregó los documentos dentro del plazo establecido. La Policía Federal canceló sus pasaportes brasileños en el sistema, según reportó CNN Brasil. No obstante, el comunicado migratorio argentino no especificó qué documento presentó el senador al cruzar la frontera.

    Una fuente brasileña cercana al político dijo a CNN que este temía ser arrestado. La cadena también informó que, al momento de su salida, no se había emitido una orden de captura en su contra, aunque analistas legales consultados señalaron que el incumplimiento de la orden judicial podía dar lugar a nuevas medidas.

    Las investigaciones incluyen denuncias relacionadas con presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Una de las líneas mencionadas por CNN se refiere a posibles plataformas de apuestas ilegales por internet; otra examina la financiación de la película biográfica sobre su padre, Jair Bolsonaro, titulada Dark Horse. El senador niega haber cometido delitos.

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    La salida sorprendió a su partido

    La salida de Flávio Bolsonaro también abrió interrogantes sobre el liderazgo de la oposición brasileña después de la derrota electoral. Su hermano Eduardo había sugerido antes de la segunda vuelta que abandonara el país si no lograba llegar a la Presidencia. Sin embargo, el martes calificó de “mentira” las versiones que señalaban que Flávio había huido.

    El jefe de campaña del senador, Rogério Marinho, reconoció que la noticia tomó por sorpresa a su equipo. “Nos sorprende porque ayer hablamos de la necesidad de que Flávio, dados los aproximadamente 60 millones de votos que recibió, asumiera este papel de liderazgo en la oposición”, declaró a los periodistas.

    La salida recuerda el viaje de Jair Bolsonaro a Orlando, Florida, después de perder las elecciones de 2022 frente a Lula. El expresidente permaneció allí cerca de tres meses. Posteriormente, fue condenado a 27 años de prisión por su participación en los esfuerzos para revertir los resultados de aquella elección.

    Por ahora, la confirmación oficial del tránsito por Argentina, el destino declarado del vuelo y los reportes sobre el posterior desplazamiento hacia Miami describen una ruta internacional en desarrollo. La autorización estadounidense, atribuida por CNN a un asesor de Trump, no equivale por sí misma a una confirmación oficial de que Bolsonaro ya haya ingresado a Estados Unidos.



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  • Accidente del Hércules en Putumayo: revelan las causas

    Accidente del Hércules en Putumayo: revelan las causas


    El error humano, el exceso de peso y las condiciones de la pista fueron los factores asociados al accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que dejó 69 personas muertas y 57 sobrevivientes en Puerto Leguízamo, Putumayo. Las conclusiones hacen parte del informe final de la investigación, conocido por La FM siete meses después de la tragedia.

    El siniestro ocurrió el 23 de marzo de 2026, cuando la aeronave, de matrícula FAC 1016, despegó del aeropuerto de Caucayá con destino a Puerto Asís. A bordo viajaban integrantes del Ejército Nacional y la tripulación del avión.

    Según el informe citado por el medio, la investigación reunió análisis del fuselaje, el terreno y las condiciones meteorológicas, además de los testimonios de los sobrevivientes. En el proceso participaron expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

    El impacto con tres árboles afectó uno de los motores

    Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que, apenas cuatro segundos después del despegue, el avión impactó contra tres árboles. El choque afectó el funcionamiento de uno de los motores y obligó al piloto a intentar recuperar el control de la aeronave.

    El coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional e investigador líder del caso, había anticipado en abril que el impacto con los árboles provocó una pérdida de potencia antes de la caída.

    El informe final, según La FM, identificó ramas de hasta 16 centímetros de diámetro en el motor afectado, un hallazgo que respalda la reconstrucción de los últimos segundos del vuelo.

    La aeronave permaneció en el aire durante aproximadamente 36 segundos y terminó impactando a más de dos kilómetros del punto de despegue. Durante ese breve intervalo, el piloto alcanzó a advertir a los pasajeros sobre el impacto inminente.

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    El peso y las condiciones de la pista, bajo análisis

    Además del choque con los árboles, la investigación atribuyó el accidente a una falla humana y al exceso de peso de la aeronave, en relación con las condiciones de la operación.

    Estos factores se sumaron a las características de la pista desde la que despegó el Hércules. La investigación buscó establecer cómo influyeron las decisiones operacionales y las condiciones del entorno en la secuencia que terminó con la caída del avión.

    Por otra parte, el entonces comandante de la FAC, el general Carlos Fernando Silva, había señalado que la aeronave presentaba condiciones favorables de aeronavegabilidad antes del vuelo.

    Este antecedente es relevante porque las conclusiones divulgadas apuntan a una combinación de factores humanos y operacionales, así como al impacto con los árboles durante el despegue.

    Así ocurrió el accidente del Hércules en Puerto Leguízamo

    La emergencia se registró hacia las 9:50 de la mañana del lunes 23 de marzo. Habitantes de Puerto Leguízamo escucharon un fuerte estruendo y observaron una columna de humo negro cerca del aeropuerto de Caucayá.

    Tras el impacto, los pobladores acudieron al lugar para auxiliar a los militares heridos y trasladarlos a centros asistenciales. Algunos utilizaron sus motocicletas para evacuar a los sobrevivientes mientras avanzaban las labores de rescate.

    Jhan Trujillo fue uno de los habitantes que ayudó a transportar a los heridos. En declaraciones recogidas por La FM, relató que realizó seis o siete recorridos en su motocicleta después de encontrar a dos militares lesionados que habían salido de la zona donde cayó el avión.

    La ayuda de la comunidad fue clave durante los primeros momentos de la emergencia, mientras los organismos de socorro atendían a las víctimas.

    Dos horas después del accidente, el general Carlos Fernando Silva confirmó que el Hércules transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes. En ese momento, las autoridades reportaban 48 heridos rescatados, una cifra preliminar que cambió durante las labores de atención.

    Finalmente, las autoridades confirmaron la muerte de 69 personas y la supervivencia de otras 57.

    Las conclusiones reabren el debate sobre la operación aérea

    El accidente generó cuestionamientos sobre el estado de las aeronaves militares, su mantenimiento y las condiciones en las que se realizan los vuelos en zonas de difícil acceso.

    En los días posteriores a la tragedia, el entonces presidente Gustavo Petro cuestionó la antigüedad del Hércules accidentado. En respuesta, el general Silva sostuvo que el avión todavía contaba con una vida útil considerable, siempre que se garantizaran los recursos para repuestos y mantenimiento.

    Sin embargo, las conclusiones del informe final citadas por La FM centran la atención en los factores que intervinieron durante el despegue, particularmente el error humano, el peso de la aeronave y las condiciones de la pista.

    La investigación reconstruyó los últimos segundos del vuelo y los acontecimientos que precedieron al impacto. La tragedia dejó 69 víctimas mortales y marcó a Puerto Leguízamo, donde los habitantes participaron en las labores de auxilio y acompañaron a los militares heridos.

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  • Contrato de erradicación de coca enfrenta a De la Espriella y la Policía

    Contrato de erradicación de coca enfrenta a De la Espriella y la Policía


    Un contrato por $60.000 millones para la erradicación manual de cultivos ilícitos desató tensiones entre el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula de la Policía Nacional. La controversia gira en torno a la adjudicación del negocio a la Unión Temporal EMF 2026, después de que el proceso fuera declarado desierto por la falta de propuestas habilitadas.

    La investigación publicada por la revista Cambio señala que la contratación generó cuestionamientos por los requisitos jurídicos de uno de los proponentes, las conexiones empresariales de una de las compañías participantes y la posterior revisión del expediente en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

    El proceso involucró al director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, y al director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña. Según fuentes del Gobierno citadas por el medio, el presidente pidió explicaciones sobre la contratación después de conocer sus detalles.

    De proceso desierto a contrato adjudicado por $60.000 millones

    La convocatoria se abrió en abril de 2026 con el propósito de contratar personal y logística para las labores de erradicación manual de cultivos de coca.

    Sin embargo, la primera evaluación, publicada el 7 de mayo, dejó por fuera a los tres proponentes. En una segunda revisión, la Unión Temporal EMF 2026 cumplió los requisitos técnicos y económicos, pero no superó la evaluación jurídica.

    Una de las observaciones estaba relacionada con Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, quien participó como persona natural comerciante. Los evaluadores consideraron que no había acreditado suficientemente las actividades económicas exigidas en el proceso.

    Además, se presentaron cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre la información financiera aportada por algunas empresas y sus declaraciones tributarias. El 3 de junio, el comité evaluador concluyó que ninguna propuesta estaba habilitada.

    El general Castaño declaró desierto el proceso mediante la Resolución 0536, del 23 de junio. No obstante, la Unión Temporal EMF 2026 presentó un recurso de reposición el 8 de julio para controvertir su exclusión por razones jurídicas.

    El 31 de agosto se produjo el cambio decisivo: el Comité de Adquisiciones recomendó apartarse de la evaluación jurídica que había impedido habilitar al proponente. Ese mismo día, la Dirección de Antinarcóticos revocó la declaratoria de desierto y adjudicó el contrato por $60.000 millones a la misma unión temporal.

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    Las conexiones empresariales que generaron cuestionamientos

    Uno de los puntos examinados por Cambio es la composición de la Unión Temporal EMF 2026. El 50 % de su participación corresponde a Transworld Solutions Logística Colombia S. A. S., empresa constituida en Villavicencio en mayo de 2024 y cuyo representante legal es Rafael Hernán Barrera Hurtado.

    La investigación identificó que Barrera también representa a Transworld Solutions S. A. S., sociedad que anteriormente se denominaba Interlogística Services S. A. S. Esta última compañía integró la Unión Temporal Global Allianz Group, que tuvo contratos de erradicación durante el Gobierno de Iván Duque.

    Según el medio, ambas sociedades tienen identificaciones tributarias diferentes, pero comparten representante legal y número telefónico. Estos elementos permitieron establecer un vínculo empresarial entre las compañías.

    Sin embargo, esa conexión no demuestra por sí sola que Carlos Adolfo Niño Vargas sea propietario o controlador de la Unión Temporal EMF 2026, una precisión que la propia investigación periodística destacó.

    Niño ha sido mencionado en publicaciones anteriores por sus relaciones con empresas contratistas del sector defensa. En junio de 2024, Cambio informó sobre reuniones entre el empresario y Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, quien entonces ocupaba un cargo de alta relevancia en el Gobierno de Gustavo Petro.

    El medio también documentó una red de 23 sociedades relacionadas con familiares, antiguos empleados y personas de confianza de Niño, vinculadas a negocios estatales que superaban los $600.000 millones.

    Estos antecedentes forman parte del contexto empresarial examinado por la investigación, pero no constituyen, por sí mismos, una prueba de irregularidad en la adjudicación del contrato de erradicación.

    El expediente llegó a la Presidencia y el contrato se firmó en octubre

    Aunque la adjudicación se produjo el 31 de agosto, el contrato tardó varias semanas en formalizarse. Según las fuentes consultadas por Cambio, De la Espriella solicitó revisar la viabilidad jurídica del proceso tras conocer el alcance económico del negocio.

    Ante la demora, la Unión Temporal EMF 2026 presentó una acción de tutela para exigir la firma del contrato. En su respuesta al Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá, la Dirección de Antinarcóticos reconoció que el expediente físico estaba en la Secretaría Jurídica del Dapre para su revisión.

    De acuerdo con la investigación, el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, revisó el expediente y concluyó que no existían impedimentos jurídicos para continuar el trámite. A partir de esa revisión, avanzó la formalización del negocio.

    El contrato finalmente se firmó el 8 de octubre de 2026. Ocho días después, el juzgado declaró superada la controversia porque el acuerdo ya estaba suscrito.

    La decisión judicial no ordenó firmar el contrato ni se pronunció sobre la legalidad de la adjudicación. Por tanto, el cierre de ese trámite no equivale a una declaración judicial de que el proceso contractual fue legal.

    El cruce entre De la Espriella y el director de la Policía

    La controversia también habría afectado la relación entre el presidente y el director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña.

    Según testimonios recogidos por Cambio, De la Espriella confrontó al oficial por el contrato durante un viaje en el avión presidencial.

    Barrera habría respondido que autorizó continuar el trámite después de recibir información del general Castaño sobre la necesidad de avanzar con la contratación. Sin embargo, según las fuentes citadas por la revista, aseguró que desconocía la magnitud y los detalles del negocio.

    El episodio habría deteriorado la relación entre el mandatario y el director de la Policía. La discusión puso en el centro del debate la cadena de decisiones que permitió pasar de una licitación declarada desierta a la adjudicación y posterior firma del contrato.

    Dudas sobre el tiempo de ejecución y los resultados

    La firma del contrato el 8 de octubre dejó poco más de dos meses para ejecutar las actividades previstas durante 2026, según los plazos descritos en la investigación. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la cantidad de hectáreas que podrán erradicarse y los mecanismos para verificar el cumplimiento de las labores contratadas.

    El debate también revive observaciones anteriores de la Contraloría General de la República sobre contratos de erradicación manual. El organismo cuestionó la modalidad utilizada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para contratar una actividad que, en la práctica, presentaba características de suministro y administración de trabajadores.

    Las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de Naciones Unidas, muestran la magnitud del desafío. Colombia pasó de 143.000 hectáreas de coca en 2020 a 261.000 en 2024.

    En ese mismo periodo, la erradicación forzosa disminuyó de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 en 2024. Aunque estos datos permiten dimensionar el contexto de la política antidrogas, no demuestran una relación directa entre los resultados nacionales y el desempeño de un contrato específico.

    Procuraduría pidió información sobre el proceso

    La contratación también fue objeto de seguimiento preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación. Según Cambio, el 5 de junio de 2026 el organismo solicitó información sobre las reclamaciones presentadas por los proponentes, las evaluaciones realizadas y las medidas adoptadas para garantizar la transparencia.

    La Procuraduría aclaró que su actuación era preventiva y que no había ordenado adjudicar el contrato.

    La controversia deja bajo escrutinio los criterios utilizados para habilitar al contratista, la revisión jurídica que permitió revertir la declaratoria de desierto y los controles sobre la ejecución de los recursos públicos.

    El resultado final deberá evaluarse a partir del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la verificación de las labores de erradicación y las eventuales conclusiones de los organismos competentes sobre el proceso de selección y su ejecución.

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  • Generales retirados piden evaluar impedimento de magistrada de la JEP por declaraciones sobre falsos positivos

    Generales retirados piden evaluar impedimento de magistrada de la JEP por declaraciones sobre falsos positivos


    El Consejo de Generales de la Reserva Activa del Ejército Nacional pidió evaluar un posible impedimento de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por declaraciones en las que afirmó que la Justicia Penal Militar habría funcionado como un mecanismo de encubrimiento de crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

    La solicitud se conoció mediante un comunicado fechado el 22 de octubre y dirigido a la magistrada y a los integrantes del Órgano de Gobierno de la JEP. El organismo considera que sus afirmaciones, divulgadas en una entrevista con El Espectador el 5 de octubre de 2026, deben examinarse frente a los procesos que continúan activos en el Macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos.

    Los generales retirados sostienen que las declaraciones podrían encuadrarse en una causal legal de impedimento relacionada con la manifestación de opiniones sobre asuntos sometidos a decisión judicial. Por eso, solicitaron que la instancia competente determine si corresponde adoptar alguna medida para garantizar la independencia y la imparcialidad en las actuaciones.

    La petición no significa que el impedimento haya sido aceptado ni que exista una decisión contra la magistrada.

    Las declaraciones de Catalina Díaz sobre la Justicia Penal Militar

    La controversia surgió durante una entrevista en la que Díaz se refirió al desempeño histórico de la Justicia Penal Militar en investigaciones por graves violaciones de derechos humanos, en el contexto de un proyecto de acto legislativo que busca establecer un mecanismo de revisión de sentencias de la JEP contra antiguos integrantes de la Fuerza Pública.

    Al explicar los hallazgos de la jurisdicción transicional, la magistrada mencionó testimonios que, según su relato, apuntaban a la participación de funcionarios judiciales militares en el ocultamiento de crímenes.

    “Mire, los jueces penales militares colaboraron con nosotros en su momento para encubrir los crímenes”, afirmó Díaz, al referirse a lo que, según explicó, le habían manifestado antiguos integrantes del Ejército.

    En la misma conversación, sostuvo que las investigaciones de la JEP habían documentado casos en los que actuaciones de la jurisdicción militar no permitieron identificar a los presuntos responsables.

    “En los casos de la JEP están todas las pruebas de que en muchos esa instancia funcionó como un mecanismo de encubrimiento de los crímenes, donde muchas investigaciones por falsos positivos fueron archivadas y nunca llegaron a ninguna identificación de presuntos responsables”, declaró.

    Sus afirmaciones se refirieron a hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, periodo sobre el cual la JEP puede ejercer competencia respecto de conductas relacionadas con el conflicto armado que cumplan los requisitos legales.

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    Por qué los generales retirados cuestionan su imparcialidad

    En su comunicado, el Consejo de Generales cuestionó que las afirmaciones se hubieran realizado en una entrevista periodística y no en una providencia judicial o dentro de una actuación procesal en la que las partes pudieran ejercer sus garantías de contradicción.

    El organismo también hizo referencia a un episodio relatado por Díaz sobre una presunta instrucción de un funcionario judicial militar para ejecutar a una persona durante una inspección de cadáver. Según los generales, en ese relato no se identificaron el funcionario señalado, la fecha, el número del caso ni una eventual denuncia ante las autoridades competentes.

    Para los reservistas, estos elementos deben examinarse debido a las funciones que desempeña la magistrada en los expedientes activos del Macrocaso 03, en el que comparecen antiguos integrantes de la Fuerza Pública.

    El Consejo aclaró que su solicitud se presenta en nombre de la organización y no como representación judicial de un compareciente específico.

    Las normas que sustentan la solicitud ante la JEP

    Los generales invocaron los artículos 23 y 230 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 1957 de 2019 y el Reglamento General de la JEP.

    Uno de los fundamentos centrales es el artículo 103 de la Ley 1957 de 2019, que remite a las causales de impedimento previstas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

    Esta última norma contempla, entre otras situaciones, que un funcionario judicial haya manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

    A partir de esa disposición, el Consejo argumentó que las declaraciones públicas de Díaz podrían requerir una revisión jurídica para establecer si configuran una causal de impedimento. La determinación, sin embargo, corresponde a la instancia competente de la jurisdicción.

    Los generales también plantearon el concepto de imparcialidad objetiva, que exige evaluar no solo las convicciones personales de un juez, sino también si existen circunstancias verificables capaces de generar dudas justificadas sobre su neutralidad.

    Desde esa perspectiva, sostienen que no sería necesario demostrar de antemano que la magistrada adoptará una decisión parcializada. El análisis, según su planteamiento, debe establecer si los hechos expuestos comprometen las garantías de imparcialidad en los procesos bajo su conocimiento.

    La decisión queda en manos de la jurisdicción transicional

    La solicitud abre una discusión sobre los límites de las declaraciones públicas de los magistrados cuando se refieren a asuntos relacionados con procesos que continúan bajo su responsabilidad.

    Por un lado, los generales retirados consideran que las afirmaciones de Díaz ameritan un examen sobre su eventual impedimento. Por otro, las declaraciones de la magistrada se enmarcan en su explicación de los hallazgos que, según indicó, ha documentado la JEP sobre actuaciones de la Justicia Penal Militar en casos de falsos positivos.

    El punto central será establecer si las declaraciones configuran una causal legal de impedimento, no dar por demostrada una falta de imparcialidad por el solo hecho de que exista una controversia pública.

    La petición deberá ser examinada por la instancia competente conforme a las normas aplicables. Mientras no exista una determinación, Catalina Díaz continúa siendo la magistrada señalada en la solicitud, y la eventual aceptación o rechazo del impedimento dependerá del análisis jurídico correspondiente.

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  • Anillo Turístico del Sur avanza, pero aún tiene cinco frentes pendientes

    Anillo Turístico del Sur avanza, pero aún tiene cinco frentes pendientes


    El contrato 998 espera reiniciar formalmente actividades, mientras otros proyectos buscan ser recuperados mediante Compromiso Colombia. La obra lleva más de 20 años en ejecución.

    DIARIO DEL HUILA, HUILA

    Por Gustavo Patiño

    El Anillo Turístico del Sur del Huila, una obra de más de 100 kilómetros que comenzó hace más de dos décadas, entra en una nueva etapa con varios contratos en diferentes momentos de ejecución. Mientras el tramo de Bordones-La Laguna espera el reinicio formal de actividades, otros proyectos que permanecieron suspendidos o fueron liquidados buscan volver a contratarse. La Gobernación y la Asamblea sostienen que hay una ruta para intentar cerrar los diferentes frentes que quedaron abiertos durante años.

    El diputado Jesús Murcia, quien ha realizado seguimiento al proyecto durante su actual periodo en la Asamblea, pone el foco en el contrato 998 de 2023. Son cerca de 16 kilómetros que atraviesan sectores de Isnos, San Agustín y Pitalito, aunque el tramo correspondiente a San Agustín ya fue terminado. “Este es el proyecto que mayor atención le hemos brindado porque está en ejecución, porque en su momento estuvo frustrado, porque no se iba a continuar, porque estuvo desfinanciado y porque también hubo un problema con el tema de la reposición de alcantarillado en cerca de 2 kilómetros que al permitir su ejecución iba a quedar faltante ese tramo”, explicó.

    La situación comenzó a cambiar con una adición presupuestal cercana a los $6.500 millones, aprobada por la Asamblea y formalizada hace aproximadamente un mes y medio. Murcia explica que esos recursos permiten actualizar los precios del pavimento y atender obras que no estaban contempladas inicialmente. “Eso permite la actualización de precios de pavimento porque es un proyecto del 2023, las obras complementarias, que son todo el tema de muros de contención, alcantarillas nuevas que no se tenían en cuenta y dentro de las obras complementarias un tema de reposición de alcantarillado”, señaló.

    Uno de los puntos que había frenado la intervención estaba relacionado con los pozos del alcantarillado. El diputado asegura que ese asunto ya fue resuelto. “Yo fui hace 8 días y esta vez ya tenemos confirmado que el 100 % de los pozos ya están listos y que tendremos ya la posibilidad de que podamos avanzar ya con el tema de capa asfáltica”, afirmó.

    El Anillo Turístico del Sur conecta varios de los principales atractivos naturales, culturales y arqueológicos del sur del Huila.

    El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, explicó en septiembre a Diario del Huila, que el contrato se encontraba en proceso de reinicio formal. El contrato 998 de 2013 está a cargo del Consorcio Montebello y corresponde al tramo Bordones-La Laguna. “El tramo de Bordones-La Laguna es el tramo del Consorcio Montebello, contrato 998, hoy debería estar quedando el reinicio formal de las actividades. Sin embargo, el contratista está allí interviniendo, haciendo correcciones que se dieron a raíz de situaciones de deterioro y desgaste que genera la lluvia, que genera el tránsito, porque las vías aunque se estén interviniendo continúan con el tránsito normal y el proyecto se había suspendido en el mes de diciembre”, explicó.

    El reinicio estaba previsto desde hace más de un mes. Según Cabrera, el trámite quedó pendiente por situaciones internas de Invías, entidad que participa como aportante y tiene a su cargo la supervisión de la interventoría. “Quedaron con compromiso que se reiniciaba ayer, estamos al pendiente de que ayer se tomaba en posesión el nuevo director jurídico que tiene la entidad que terminaría siendo quien firme este reinicio y que para la fecha del día de hoy debería estar quedando el reinicio formal de la interventoría, que saldría a la par con el reinicio formal de nuestro contratista de obra”, indicó.

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    Los contratos que buscan salir del rezago

    El 998 es solamente uno de los frentes que hacen parte del proyecto. Durante años, otros contratos quedaron suspendidos, sin terminar o sometidos a procesos jurídicos que impidieron completar los tramos. Dos de ellos son los proyectos 1046 y 1111 de 2015. En septiembre de 2025, durante otro debate de seguimiento en la Asamblea, estos contratos estaban entre los proyectos que generaban mayor preocupación por sus incumplimientos y suspensiones.

    Ahora, la Gobernación asegura que ambos ya atravesaron la etapa jurídica y fueron incorporados al mecanismo Compromiso Colombia. “También se están rescatando dos proyectos que vienen de hace más de 10 años que se tuvieron situación siniestrada, que fue el proyecto 1046 y el proyecto 1111 del 2015, que ya surtieron toda la etapa jurídica y que ya la llevamos al mecanismo de Compromiso Colombia”, explicó Cabrera.

    La recuperación de los tramos pendientes incluye contratos antiguos que serán llevados a nuevos procesos para completar el circuito vial.

    El secretario detalló cómo se pretende completar los recursos para volver a llevarlos a obra. “Se está trabajando de la mano con Hacienda Nacional. Ese mecanismo es nuevo, es un mecanismo piloto que estamos nosotros trabajando también en el departamento y que con Hacienda Nacional ya se está logrando la incorporación de los recursos que vienen de las pólizas, la incorporación de los recursos que se adicionaron también por gracias a la Asamblea, la incorporación de los recursos propios del departamento que darían el cierre financiero y se elevaría a nueva situación contractual, o sea, buscaríamos un nuevo contratista que terminara esos dos proyectos”.

    Desde la Asamblea, Murcia ubica dos de estos tramos dentro de la misma ruta de recuperación. “Ese contrato de Bordones – La Lagina está por un valor cercano a los 7.000 millones de pesos y el de San Agustín – Obando por cerca de 10.000, cerca de 11.000”, señaló.

    El objetivo ahora es que esos procesos lleguen nuevamente a contratación. Murcia señala que la liquidación de los contratos anteriores permitió recuperar recursos que estaban comprometidos. “Gracias a una estrategia del Gobierno Nacional que se llama Compromiso Colombia, que la lidera la Contraloría Nacional de la República, se pudieron liquidar fácilmente y ese rubro que había quedado pendiente sin liquidar pasó también nuevamente a poder financiar y claramente el Gobierno departamental volver a colocar una contrapartida para poder presentar pliegos”, afirmó.

    Los pedazos que quedaron sin contratar

    El paso del tiempo dejó otro problema: sectores que no quedaron incluidos en los diferentes contratos. No se trata necesariamente de un único tramo continuo. Son puntos que quedaron por fuera de las intervenciones anteriores, algunos porque fueron construidos hace años, otros porque quedaron inconclusos y otros porque no fueron incluidos en los contratos que posteriormente se ejecutaron.

    Murcia explica que la administración trabaja en estructurar un proyecto específico para atender esos puntos. “Hay un proyecto que está ahorita en ejecución, que todavía no sale a contrato, que es sacar todos los pedacitos que quedaron faltando porque como es un contrato de hace 20 años pues muchos pedacitos que se construyeron o que no quedaron bien construidos o que los contratistas dejaron a medias o que se dejaron ahí las brechitas, pues el objetivo es poder establecer ese contrato con esos pedacitos que quedaron faltando”.

    Cabrera también se refiere a este frente como uno de los cinco proyectos que hacen parte del cierre del circuito. “También se tiene ya un proyecto en fase tres, que garantizaría el cierre de lo que nunca se había dejado en ningún proyecto. Habían aún unos tramos en específico en diferentes sectores del circuito turístico que no contaban con unos estudios y diseños definidos”, aseguró.

    Jesús Murcia ha realizado seguimiento al Anillo Turístico del Sur mediante debates y controles políticos en la Asamblea del Huila.

    Según el secretario, ese trabajo técnico ya está completo. “Ya la Secretaría de Vías e Infraestructura en este momento tiene 100 % esos estudios y diseños y estamos trabajando con la bolsa de regalías regional, el 40 %, para poder garantizar los mismos recursos”.

    La existencia de esos segmentos pendientes había sido señalada también en los debates de 2025. En ese momento, la Secretaría de Vías hablaba de tramos que nunca habían hecho parte de los contratos anteriores y de otros que se habían deteriorado mientras los procesos permanecían detenidos.

    Isnos-Ídolos, otro contrato pendiente

    A la lista se suma el tramo Isnos-Ídolos, con una longitud aproximada de 1,3 a 1,4 kilómetros. Este proyecto también fue incorporado a Compromiso Colombia, aunque su proceso está menos avanzado que los otros contratos. “Y con base en eso nos quedaría faltando el de Isnos-Ídolos, que son cerca de 1,3 o 1,4 kilómetros, que también entró a Compromiso Colombia, que está un poquito más atrás que el de San Agustín y Ovando y que el de Bordones-La Laguna”, indicó Murcia.

    Cabrera lo identifica como el quinto proyecto que debe entrar en la ruta de recuperación. “Existe un quinto proyecto que es el proyecto del Alto de los Ídolos, que es un proyecto que se siniestró, que venía con diferentes situaciones, que el contratista que figuraba en la interventoría falleció y que ya en este momento se está llevando también para poderlo estructurar en Compromiso Colombia y que surta las etapas que ya vivieron los otros dos para poder garantizar también la inversión en los mismos”.

    Este tramo ya había sido objeto de preocupación en el seguimiento realizado por la Asamblea en septiembre de 2025. En ese momento se documentó que el contrato permanecía suspendido después de que durante las excavaciones para un muro se identificara una zona de interés arqueológico. La suspensión, que inicialmente se había planteado por 45 días, llevaba entonces varios años.

    El secretario de Vías e Infraestructura, Andrés Camilo Cabrera, explicó el estado de los proyectos que buscan completar el circuito turístico.

    Los 150 metros de Bordones

    Hay además un punto particular dentro del centro poblado Salto de Bordones. Se trata de aproximadamente 150 metros que quedaron fuera del proyecto original. El tramo es empedrado y, según explicó Murcia, no fue incluido inicialmente porque la comunidad no habría aceptado que hiciera parte de la intervención.

    La Asamblea y la administración departamental buscan ahora una alternativa independiente para intervenirlo. “Cerca de 150 metros aproximadamente son los que van a quedar por fuera del proyecto o que quedaron por fuera del proyecto desde que se hizo la trazabilidad de esta vía y hoy estamos adelantando un proyecto que aproximadamente va a tener un costo de 400, 440 millones para poder hacer una contratación aparte”, dijo Murcia.

    La intervención incluiría también el alcantarillado que hace falta en ese sector y un plan de fachada para el centro poblado. “Tendremos reunión sobre ese proyecto, donde ya se ha avanzado y que también se avanza con un plan fachada, ya que el centro poblado es pequeño y pues es exactamente el centro del casco urbano del centro poblado Salto de Bordones el que queremos que sea intervenido”, agregó.

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    El Anillo Turístico del Sur atraviesa sectores rurales que conectan a Isnos, San Agustín y Pitalito.

    Una obra de más de 20 años

    La secuencia de contratos explica por qué el Anillo Turístico del Sur ha terminado convertido en una obra de largo plazo. Desde su inicio ha pasado por distintas administraciones, contratistas, suspensiones, liquidaciones y nuevos procesos de estructuración. En abril de este año, habitantes de la zona habían cuestionado precisamente esa dinámica. La comunidad de La Muralla, en Isnos, señalaba que el contrato 998 debía haber terminado en diciembre de 2025 y denunciaba que las obras se habían detenido.

    También advertía sobre el deterioro de sectores intervenidos por efecto de las lluvias. En septiembre de 2025, la Asamblea había discutido además la situación de contratos anteriores, algunos con más de una década de problemas. El debate incluyó los tramos Arrayanes-La Laguna, San Agustín-Obando y Alto de los Ídolos, entre otros. Ahora, la administración departamental sostiene que esos procesos tienen una ruta diferente.

    El Salto de Bordones es uno de los atractivos turísticos que hacen parte del circuito que busca consolidar la obra vial. Foto: Chip Viajero.

    Cabrera resumió así la situación actual: “A hoy se tienen cinco proyectos vivos para dar la terminación y el cierre técnico y financiero del mismo”. La Gobernación también plantea que el cierre del circuito se complementará con las obras de la concesionaria Ruta al Sur sobre la Ruta 45. “Desde el gobierno departamental y de la gestión de nuestro gobernador cuando fue senador, son cerca de 78 kilómetros los que se terminan cerrando en inversión para poder garantizar este circuito turístico del sur en totalidad”, señaló Cabrera.

    Para Murcia, el propósito sigue siendo completar la conexión de los diferentes puntos turísticos que durante años han sido utilizados como argumento para justificar la obra. “Ya tenemos el recurso, ya tenemos la interventoría y el objetivo, se necesita es ser mucho más rigurosos y que Dios mediante los tiempos nos den y que con ayuda de Dios podamos entregar y darle esta vía al sur del departamento”.



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  • Atacaron a disparos un bus de Coomotor en Tolima

    Atacaron a disparos un bus de Coomotor en Tolima


    Un bus de la empresa Coomotor fue atacado a disparos durante un intento de atraco en carreteras de El Espinal, Tolima. El conductor evitó detenerse ante la presencia de varios delincuentes que intentaron bloquearle el paso, pero los sujetos respondieron con disparos contra el vehículo.

    De acuerdo con la información conocida, los hombres se atravesaron en la carretera con la intención de obligar al conductor a frenar y facilitar el asalto. Sin embargo, el chofer identificó la situación y decidió continuar la marcha para evitar que los pasajeros quedaran expuestos a los delincuentes.

    La reacción de los atacantes puso en riesgo a quienes viajaban en el automotor. Los disparos impactaron el vehículo, aunque ningún pasajero ni integrante de la tripulación resultó herido, según el reporte preliminar.

    El conductor perdió momentáneamente el control del bus

    En medio del ataque, el conductor perdió momentáneamente el control del autobús y terminó saliéndose de la vía. Pese a la situación, logró maniobrar para recuperar el control del vehículo y regresar a la carretera.

    Tras superar el peligro, continuó el recorrido hasta llegar al terminal de transportes de El Espinal, donde informó a las autoridades sobre lo ocurrido.

    La pericia del conductor permitió que el vehículo llegara a su destino, sin que se reportaran personas lesionadas. No obstante, el ataque generó preocupación por los riesgos que enfrentan los conductores y pasajeros en las carreteras.

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  • Cárcel para hombre acusado de agredir a su expareja en Putumayo

    Cárcel para hombre acusado de agredir a su expareja en Putumayo


    Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir a su expareja sentimental y prender fuego a la vivienda de la mujer en Puerto Asís, Putumayo. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre en el barrio El Jardín.

    La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, señala que la víctima, de 26 años, se encontraba descansando en su casa cuando el hoy procesado habría ingresado en estado de embriaguez y la golpeó en repetidas ocasiones.

    Después de la presunta agresión, el hombre habría esparcido gasolina en el inmueble y provocado un incendio cuando la vivienda se encontraba vacía, según la información entregada por el ente acusador.

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    La mujer habría sufrido más de 10 años de violencia

    Durante las labores investigativas, la Fiscalía estableció que la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física, verbal y económica durante más de una década de convivencia con el procesado.

    Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Putumayo le trasladó escrito de acusación por los delitos de violencia intrafamiliar agravada e incendio. El hombre no aceptó los cargos.

    Capturaron al señalado en Puerto Asís

    La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, en una vía pública de Puerto Asís.

    Tras su presentación ante la autoridad judicial, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

    El caso continúa en manos de la justicia. El señalamiento contra el procesado corresponde a una investigación en curso y su responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial.

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