“Se les acabó la fiesta”. Con esta frase, el presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva ofensiva contra la corrupción que incluye la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, el uso de agentes encubiertos y auditorías forenses para rastrear el destino de los recursos públicos.
El mandatario aseguró que la estrategia buscará anticiparse a posibles hechos de corrupción mediante tecnología, análisis de información y seguimiento a la contratación pública, en lugar de actuar únicamente después de que los recursos hayan sido desviados.
“Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes”, afirmó.
Agentes encubiertos y seguimiento a contratos
De La Espriella aseguró que ya se trabaja con agentes encubiertos dentro de la administración pública para investigar posibles hechos de corrupción.
La estrategia contempla revisar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, siempre dentro de las facultades que establece la ley.
El Presidente sostuvo que los hallazgos que puedan constituir delitos, faltas disciplinarias o detrimentos patrimoniales serán remitidos a las autoridades competentes.
La nueva estructura estará articulada con la Secretaría de Transparencia, que será asumida por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana una vez concluya su periodo en el alto tribunal, el próximo 8 de octubre.
De acuerdo con el mandatario, Lombana tendrá la tarea de liderar la estrategia y coordinar las acciones para identificar el destino de los recursos públicos.
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Auditoría forense al contrato de Ciberpaz
Uno de los casos que De La Espriella puso bajo la lupa es el contrato interadministrativo 1166 de 2026, relacionado con el programa Ciberpaz y celebrado entre el entonces Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona.
El contrato tiene un valor de $14.984 millones.
El Presidente pidió una auditoría forense para establecer cuánto costó cada actividad, dónde se realizó, quién participó, quién certificó los trabajos y qué recibió el Estado a cambio de los recursos destinados al contrato.
La revisión hace parte de la decisión del Gobierno de examinar también contratos y actuaciones de administraciones anteriores, además de los posibles casos que se presenten durante la actual administración.
Sincelejo, universidades y Bomberos, entre los casos mencionados
En su pronunciamiento, el Presidente también se refirió al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, frente a cuyos antecedentes e investigaciones dijo tener reparos.
De La Espriella aseguró que los recursos destinados a Sincelejo y Sucre no serán suspendidos, pero advirtió que no habrá “cheques en blanco” y que cualquier inversión estará acompañada de controles.
También mencionó a la Universidad de Córdoba, institución sobre la cual aseguró que ordenó al Ministerio de Educación ejercer labores de inspección y vigilancia dentro de sus competencias.
El mandatario sostuvo que la autonomía universitaria debe mantenerse, pero aclaró que, a su juicio, esta no elimina los mecanismos de control sobre la administración de recursos públicos.
Otro de los casos mencionados fue el de la Universidad de Pamplona, luego de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. De La Espriella afirmó que ordenó al Ministerio de Educación reforzar la vigilancia sobre la institución.
En cuanto a la Dirección Nacional de Bomberos, el Presidente señaló al entonces director Germán Miranda y afirmó que conoció actuaciones que consideró incompatibles con la confianza de su Gobierno. Aclaró, sin embargo, que las responsabilidades jurídicas deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
“Nadie tiene excepciones”
De La Espriella extendió la estrategia a todos los niveles de su administración y aseguró que los controles también cobijarán a ministros, directores, contratistas, aliados, amigos y personas cercanas a su familia.
El mandatario pidió además a funcionarios y ciudadanos denunciar cualquier intento de utilizar su nombre o el de sus allegados para obtener beneficios indebidos.
La ofensiva anunciada por el Gobierno tendrá ahora que traducirse en actuaciones concretas de las entidades encargadas de investigar, controlar y sancionar posibles irregularidades. Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que su prioridad será seguir el rastro del dinero público antes de que pueda desaparecer.
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