El nuevo Gobierno colombiano evalúa una ruta jurídica para impulsar el fracking sin depender de una decisión del Congreso, según el análisis de un experto en la materia.
El fracking volvió al centro del debate energético nacional tras el cambio de administración. El Gobierno de Abelardo De la Espriella analiza la viabilidad de reactivar la exploración en yacimientos no convencionales sin esperar una nueva ley. La discusión jurídica se basa en que no existe una prohibición expresa en el ordenamiento. El abogado José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, explicó que el marco regulatorio sigue vigente. La actividad está habilitada por el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014.
El marco jurídico vigente y la sentencia del Consejo de Estado
La validez de estas normas fue ratificada por el Consejo de Estado. La alta corte emitió una sentencia el 7 de julio de 2022. El fallo negó una demanda que buscaba anular los decretos. El tribunal consideró que los actos correspondían a reglamentos técnicos. Determinó que la actividad no está prohibida por la ley. Este precedente jurídico es clave para la nueva administración.
El escenario actual contrasta con la postura del gobierno anterior. La administración de Gustavo Petro radicó un proyecto para prohibir la técnica. La iniciativa es el Proyecto de Ley 011 de 2026. Fue presentado en el Senado el 20 de julio de 2026. Busca establecer un régimen de transición para contratos. Sin embargo, su existencia no implica una prohibición vigente. La discusión sobre la prohibición corresponde al Congreso.
El camino legal para reactivar el fracking sin el Congreso
Zapata fue contundente al responder sobre la capacidad del Ejecutivo. El nuevo Gobierno no necesitaría esperar al Congreso. Puede impulsar una política de reactivación dentro del marco existente. “La habilitación efectiva depende de la ejecución de una política pública”, afirmó el experto. Agregó que no existe una ley que prohíba la exploración. La diferencia es clave para la estrategia del Gobierno. Para prohibir se necesita una decisión legislativa. Para impulsar, basta con la regulación vigente.
De la Espriella ha defendido esta postura públicamente. El presidente insiste en el respeto a las normas ambientales. “No se hará nada por fuera de la norma ambiental”, aseguró el mandatario. La estrategia busca fortalecer la producción de hidrocarburos. También apunta a garantizar la seguridad energética del país.
Los pasos que debe seguir el Gobierno para la reactivación
El experto identificó cuatro pasos necesarios para avanzar. Primero, reactivar los instrumentos regulatorios existentes. Segundo, definir criterios con el desarrollo científico reciente. Tercero, actualizar los requisitos técnicos, ambientales y sociales. Cuarto, garantizar autorizaciones oportunas de las autoridades.
Varias entidades jugarán un papel determinante en el proceso. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) supervisará los proyectos. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgará los permisos. Los proyectos deben cumplir con licencias ambientales rigurosas. También requieren permisos sectoriales y participación ciudadana. Cuando corresponda, se debe surtir la consulta previa. Este proceso aplica con comunidades étnicas.
El presidente ha reiterado su compromiso con el Estado de derecho. Abelardo De la Espriella sostiene que el desarrollo será legal. El mandatario asegura que el sector minero-energético es prioritario. La reactivación del fracking podría tomar tiempo. Existe un proceso regulatorio entre la decisión y la operación. La ruta jurídica está trazada y depende de la voluntad política.
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